El encuentro, organizado por el Gobierno provincial durante dos jornadas, convoca a especialistas nacionales e internacionales para fortalecer las investigaciones y la cooperación frente a las amenazas digitales.
San Juan es sede del I Congreso de Cibercrimen, Ciberdefensa e Inteligencia Artificial, un encuentro que reúne a 350 participantes de fuerzas de seguridad provinciales y nacionales, el Ministerio Público Fiscal y el Foro de Abogados, con el objetivo de fortalecer las herramientas de prevención e investigación de los delitos digitales.
La apertura estuvo encabezada por el vicegobernador Fabián Martín, acompañado por el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; el fiscal General de la Corte, Guillermo Baigorri; y el secretario de Seguridad, Enrique Delgado.
Organizado por el Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, el congreso se desarrolla durante dos jornadas y cuenta con la participación de especialistas nacionales e internacionales. La iniciativa tiene el acompañamiento del CIC Center de Boston University, CLICLEX y el Ministerio Público Fiscal.
Durante las actividades se abordan problemáticas vinculadas con las estafas virtuales, el fraude financiero, el rastreo de criptoactivos y el uso de inteligencia artificial en actividades delictivas. El programa contempla seis paneles y 15 oradores, con exposiciones sobre experiencias concretas, herramientas de investigación y protocolos de actuación.
En la apertura, Fabián Martín destacó los cambios que las nuevas tecnologías introdujeron en la modalidad de los delitos. Señaló que actualmente una persona puede cometer un ilícito a cientos de kilómetros de distancia de su víctima y en cuestión de minutos, por lo que las fuerzas de seguridad y la Justicia deben adaptar sus herramientas de trabajo.
El vicegobernador también remarcó las inversiones provinciales en seguridad, tecnología y capacitación permanente, con especial atención a la prevención.
Por su parte, Enrique Delgado sostuvo que San Juan no es ajena al crecimiento del cibercrimen, de acuerdo con los datos compartidos entre el Ministerio Público Fiscal y la Policía provincial. Además, destacó la participación de distintos poderes del Estado, organizaciones especializadas y representantes del sector civil como parte de una estrategia para mejorar la respuesta ante estos delitos.
Entre los disertantes se encuentra Rafael García Borda, director ejecutivo del CIC Center para el Cono Sur y director académico de CLICLEX, quien expone sobre las nuevas tendencias del cibercrimen relacionadas con la inteligencia artificial y los criptoactivos.
También participa Oscar Solórzano, director para América Latina del Basel Institute on Governance, con una presentación sobre investigación financiera, recuperación de activos y cooperación internacional frente al crimen digital.
La agenda incluye, además, el análisis de ciberestafas, medidas cautelares urgentes, alertas rojas, extradiciones y herramientas de ciberinteligencia para investigar actividades desarrolladas en plataformas digitales.
Entre los especialistas convocados figuran Adrián Acosta, jefe del Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal y presidente del grupo de trabajo de las Américas de INTERPOL para unidades de cibercrimen, y Francisco Pont Vergés, secretario de Política Criminal del Ministerio Público bonaerense, quien aborda la aplicación de inteligencia artificial en las investigaciones judiciales.
Otro de los ejes del congreso es la cooperación entre los sectores público y privado. En ese marco, se desarrollan espacios dedicados al fraude en línea, la prevención y reparación del daño en casos de ciberfraude bancario, además de un espacio tecnológico para presentar soluciones y generar vínculos entre empresas, especialistas y organismos públicos.
Los equipos locales también forman parte de la propuesta, mediante un espacio de intercambio entre el Ministerio Público Fiscal, el equipo de ciberseguridad de la Policía de San Juan y representantes del sector tecnológico.
El encuentro busca consolidar capacidades de investigación, mejorar los procedimientos de actuación y fortalecer la coordinación institucional frente a modalidades delictivas cada vez más complejas, con el propósito de proteger a los ciudadanos y sus bienes también en el entorno digital.
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