Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola apelaron la prisión domiciliaria otorgada a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y solicitaron que cumpla su condena en una unidad del Servicio Penitenciario Federal. La presentación fue realizada en el marco de la causa Vialidad, en la que fue condenada a seis años de prisión por corrupción. Ahora, la Cámara Federal de Casación Penal deberá resolver el planteo.
En su escrito, los fiscales advirtieron que la prisión domiciliaria constituye “un privilegio indebido” y señalaron que se está vulnerando el principio de igualdad ante la ley. “Jamás existieron motivos reales para apartarse de lo que constituye una clara regla del Código Penal: la pena debe cumplirse en un establecimiento penitenciario”, remarcaron.
Luciani y Mola indicaron que no hay razones humanitarias, de salud o edad que justifiquen el beneficio, y destacaron que la propia expresidenta manifestó encontrarse en buen estado de salud en un informe socioambiental del pasado 12 de junio. “No se ha demostrado que el encierro carcelario suponga un trato inhumano, indigno o cruel”, añadieron.
Además, cuestionaron que el tribunal de ejecución haya concedido el beneficio sin fundamentos sólidos y con un “trato desigual” respecto a los otros ocho condenados en la misma causa, quienes fueron trasladados a distintas cárceles.
Los fiscales también afirmaron que el Ministerio de Seguridad había propuesto alternativas de alojamiento que garantizaban un entorno seguro y controlado para evitar riesgos o manifestaciones. Según el planteo, la decisión judicial terminó exponiendo aún más la seguridad de la exmandataria.
“La sola circunstancia de su edad no habilita la morigeración de la pena”, concluyeron, y exigieron que Cristina Kirchner cumpla su condena “intramuros”, como el resto de los condenados.
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