En un amparo colectivo, presentado por el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), la justicia sanjuanina determinó que se revisarán las cesantías de los empleados que se quedaron sin trabajo, tras el inicio de gestión del gobernador Marcelo Orrego por un decreto del Ejecutivo.
El abogado del SEP, Daniel Lisandrello explicó en conferencia de prensa que «el fallo puntualmente dice, en palabras generales, que se va a dirimir acerca de la situación de los trabajadores que fueron dejados sin empleo, mediante acuerdos identificados con su número especial. La novedad es que sería «con los trabajadores adentro»; es decir que deberían ser reincorporados. Será la justicia la que dirima en cada caso. Al ser un amparo colectivo, alcanza a la colectividad de trabajadores que se hayan visto afectados».
Resaltó que «este fallo no está firme aún porque no hemos corrido traslado. De hecho, estamos ampliado y vamos a incorporar más pruebas que está en poder del Gobierno para que la sume al expediente. Una vez que se haga esto y salga la Providencia que nos ordene el traslado, lo correremos y publicaremos Edictos como manda el proceso». En la conferencia, participó el secretario general del Sindicato de Empleados Públicos de San Juan, José Alberto Díaz que destacó que el fallo sienta precedente para otras situaciones similares en otras provincias.
«Les pedimos (a los trabajadores) que pasen por el Sindicato para que cumplan con los requisitos y puedan ser reincorporados. Si nos basamos en los números que nos dio el mismo gobernador Orrego, serían 5000 personas afectadas», explicó Díaz a la prensa.
Explicó que el amparo, «es la vía procesal más rápida para poder dar solución a un problema urgente, que es el que tenían estos trabajadores. Se vio afectado su derecho fundamental al trabajo y los que se derivan de él como el derecho a la salud y otros. El planteo nuestro habla de nulidad del acto por no haber respetado pasos administrativos que debería haber llevado estos dos decretos. Por ejemplo, no se le dio intervención a la Asesoría Letrada o haber desoído que la Contaduría General se había opuesto. También justificamos pro qué esto trabajadores no son un gasto para la provincia, por este sistema de puntos que existe en los ministerios. El juez ha dado lugar a esta cautelar de la que todavía no corremos traslado, que sería el paso siguiente».
Bajo esta situación, por lo pronto, los trabajadores cesantes de las distintas reparticiones deben reincorporarse en primer caso y será la justicia la que dirima cómo se llevará adelante la situación. «El Gobierno provincial tendrá su derecho a defensa y la posibilidad de exponer sus causas de lo válido del proceso», dijo el letrado.